Declaración del Consejo Directivo de la FaHCE por el atentado a la Vicepresidenta de la Nación
Antes que nada, queremos reafirmar el más enérgico repudio expresado de inmediato por nuestra Facultad, por la UNLP en su conjunto, y por la gran mayoría de las fuerzas sociales y políticas democráticas de nuestro país, al intento de magnicidio perpetrado contra la Vicepresidenta.
Como actores universitarios comprometidos con la defensa de la vida democrática desde su recuperación en 1983, consideramos que el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es también un ataque contra la democracia. Una democracia recuperada como un amplio acuerdo sobre un modo de convivencia social y política articulado en torno al estado representativo, la garantía de los derechos constitucionales y los DDHH de toda la población, el Nunca Más a la violencia política, y la posibilidad de imaginar un futuro más promisorio para el país en su conjunto.
En estos días se ha señalado que el atentado y algunas de las reacciones subsiguientes que relativizaron el hecho, configuran una ruptura de este amplio y mayoritario consenso. Sabemos, sin embargo, que esos acuerdos estuvieron en peligro en diversas oportunidades también en el pasado. Los levantamientos militares, los atentados contra ex presidentes, el asesinato de José Luis Cabezas, la represión a la rebelión del 2001, los asesinatos de Maximiliano Kostecki y Darío Santillán en el marco de la masacre del Puente Pueyrredón, la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, el encarcelamiento de Milagro Sala, la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel son algunos de los episodios que jalonan y tensionan la historia reciente de nuestra democracia.También los numerosos casos de “gatillo fácil”, la violencia institucional, las consecuencias sociales de las políticas de ajuste, la flagrante desigualdad social y la pauperización de millones de compatriotas han contribuido a la degradación progresiva del horizonte de expectativas generado desde la post-dictadura.
Con esto queremos advertir que nuestra sociedad no puede dar por sentadas las conquistas de la democracia, sino que debe permanecer atenta y alerta a las situaciones que la ponen en peligro. Situaciones que, por otro lado, deben inscribirse hoy en el contexto de profundización del neoliberalismo y el avance de una derecha radicalizada no solamente en nuestro país, sino también en Europa, EEUU y América Latina. Una corriente política que en muchas de sus expresiones no duda en apelar a formas enunciativas y prácticas denigratorias basadas en discursos jerárquicos, patriarcales, racistas y clasistas. Y que, además, propone la agresión como un modo de acción política. Prácticas que degradan el debate público y que atentan contra la política democrática misma, entendida también como el espacio donde una sociedad que se reconoce como heterogénea y cruzada por intereses en conflicto, canaliza y dirime sus diferencias, desacuerdos y proyectos, sin que ello implique temor o peligro alguno para sus actores colectivos y sus representantes.
La degradación de la democracia perjudica sobre todo a las grandes mayorías de la población que no tienen otros recursos para expresar y hacer oír sus necesidades e intereses que la organización y movilización colectiva y la elección de representantes que amplifiquen y canalicen sus demandas de una vida digna. Y, al contrario, beneficia a aquellos sectores sociales minoritarios que disponen de los resortes del poder económico, mediático y judicial y que utilizan de modo instrumental las reglas del juego democrático para consolidar y ampliar sus privilegios.
Esta degradación de la democracia también fragmenta las tramas sociales, favorece la política de la enemistad, genera malos entendidos y fortalece el aislamiento y el individualismo en importantes sectores de la población. Todo ello profundizado por la crisis económica, el aumento de la desigualdad y los efectos de la pandemia, que afectan mayoritariamente a niñez, adolescentes y jóvenes, y tornan el presente especialmente difícil para que las nuevas generaciones puedan construir su proyecto de futuro.
Nuestra historia reciente, sin embargo, también da cuenta de momentos de resistencia, lucha y movilización popular por la defensa y profundización de la democracia. Podemos recordar las movilizaciones masivas contra los levantamientos carapintadas, el rechazo a las leyes de impunidad e indultos, las marchas contra la reforma educativa de los años noventa, la manifestación masiva del vigésimo aniversario del golpe del 76, la protesta social contra el neoliberalismo hasta el 2001. Todos estos episodios de participación transversal contribuyeron a crear un nuevo escenario político en el que desde la acción estatal y la organización popular se avanzó hacia la rearticulación de los lazos sociales, la reafirmación de las políticas de memoria, verdad y justicia y la ampliación de derechos.
En este momento tan crítico tenemos que recuperar y fortalecer las tradiciones que hacen posible la democracia y que han sostenido el compromiso democrático en los últimos años en nuestro país: el compromiso con los derechos humanos que permitió la masiva convergencia en el rechazo al fallo de la Suprema Corte que extendía los beneficios del 2x1 a los genocidas en el 2017; la transversalidad que acompañó las movilizaciones contra la reforma jubilatoria hacia fines del mismo año o la que articularon los movimientos feministas y disidencias en la lucha por el derecho al aborto entre el 2018 y el 2020; el valor de la organización popular y comunitaria que contuvo los peores efectos del neoliberalismo y posibilitó la articulación del trabajo colectivo en tiempos de pandemia.
Son estas tradiciones las que también nutren la identidad y los profundos acuerdos y compromisos de nuestra comunidad educativa, y las que hoy tenemos que recuperar y recrear para construir colectivamente nuevos horizontes de futuro que fortalezcan nuestra democracia y la hagan cada vez más sustantiva.